¿Debe atribuirse responsabilidad
moral a quienes asistan a sus representados para lograr resultados claramente contrarios al interés público aunque pueda argumentarse que dichas gestiones no exceden el marco de la ley? ¿Varía la contestación a esta pregunta, ya sea según la naturaleza de la representación o asesoramiento en cuestión, o las características de la parte representada o asesorada?
