Con el Acto Legislativo 03 de 2002 y la posterior implementación de la Ley 906 de 2004 se generó una atractiva promesa procesal: Un sistema ágil, garante de los derechos de las partes e intervinientes, estructurado en audiencias, asequible a las terminaciones anticipadas del proceso por vía de aceptación de cargos, negociaciones o aplicación de criterios de oportunidad. Un sistema pensado para que la mayoría de las causas tuviesen un temprano culmen, y solo algunos aspectos de mayor complejidad llegasen a juicio.
Los avatares propios del sistema, ya con más de quince años de implementación, dejan un sinsabor en lo que atañe a la estructura adversarial y acusatoria del mismo, la efectividad de la respuesta estatal frente al incremento de la criminalidad, el concepto mismo de la justicia premial, y por supuesto, la concepción, viabilidad y efectividad de los acuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, de la mano de su defensor.
En las próximas líneas se expondrán las generalidades propias de la figura de los allanamientos y acuerdos, su evolución jurisprudencial, los cambios que ha sufrido en la dinámica colombiana y los retos a los que se enfrenta la justicia premial en nuestro país.
